- Redacción Pulso
Barcelona
Actualizado el 08/10/2026 12:19 CEST
La Unión Europea se encuentra en un momento clave en la reforma de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD). El borrador que prepara la Comisión Europea plantea restricciones más estrictas a las alternativas sin combustión, en un enfoque que no coincide con la postura del Parlamento Europeo, partidario de una legislación basada en la diferenciación de riesgos.
La propuesta, liderada por el comisario Olivér Várhelyi, ha generado dudas desde el principio: el propio órgano de control de calidad normativa de la Comisión (Regulatory Scrutiny Board) emitió en diciembre un dictamen negativo sobre el borrador del informe del Ejecutivo, según confirmó el medio especializado Table.Briefings.
Paralelamente, análisis como el del experto en vapeo Michael Landl ponen el foco en cómo se financian algunas de las organizaciones más visibles a favor de endurecer la normativa. Entidades como la European Cancer Organisation y la Smoke Free Partnership reciben fondos de la Comisión Europea y han mantenido encuentros con los comisarios Várhelyi y Hoekstra.
Según el informe de la Free Market Foundation, un análisis promovido por una organización afín a la industria del vapeo, y no una auditoría oficial de la UE, entre las nueve ONG de Bruselas que analiza figuran la European Cancer Organisation, la Smoke Free Partnership y la European Public Health Alliance. En conjunto, reciben unos 12,8 millones de euros anuales de fondos públicos, de los que el 96,8% procede de la Comisión Europea.
Voces desde la comunidad científica
El debate también ha movilizado a la comunidad investigadora. Algunas declaraciones públicas del comisario Várhelyi, equiparando el riesgo de las alternativas sin humo con el del tabaco tradicional, generaron reacciones entre varios especialistas en salud pública.
Científicos e investigadores firmaron una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que señalan que el análisis de la Comisión no habría tenido en cuenta más de 130 estudios relevantes, y defienden que gran parte del daño del tabaquismo procede de la combustión y no de la nicotina en sí.
Distintos enfoques, distintos resultados
La comparación entre los modelos regulatorios de varios países aporta matices interesantes al debate. Suecia es el caso más citado: con un marco permisivo hacia alternativas orales como el snus y las bolsas de nicotina, ha reducido su tasa de fumadores diarios al 3,7%, la más baja de Europa, lo que distintas organizaciones han señalado como un hito hacia convertirse en el primer país "libre de humo". Reino Unido, por su parte, ha integrado el vapeo en los programas de deshabituación de su sistema público de salud (NHS) y registra mínimos históricos de tabaquismo.
En países como Países Bajos, la prohibición de los sabores en vapeadores y las restricciones a las bolsas de nicotina han coincidido, según denuncian los críticos de estas políticas, con el crecimiento de canales de distribución informales. Francia, que ha extendido las restricciones incluso a la tenencia de productos orales, enfrentaría una situación similar según la misma fuente. Fuera de la UE, el informe de Landl cita también el caso de Turquía, donde la tasa de fumadores habría repuntado hasta el 32,1% tras aplicar las políticas más restrictivas recomendadas por la OMS; a diferencia del dato sueco, esta cifra no he podido confirmarla de forma independiente más allá de la fuente original.
Lo que está en juego
Tanto los científicos firmantes de la carta como el Parlamento Europeo coinciden en una idea de fondo: restringir en exceso el acceso legal a las alternativas sin combustión podría no reducir el consumo de nicotina, sino empujar a antiguos fumadores de vuelta al cigarrillo tradicional o hacia canales no regulados. La Comisión Europea, por ahora, mantiene su hoja de ruta hacia una "generación libre de tabaco" en 2040.
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