Actualizado el 20/09/2026 22:25 CEST
En febrero de 2017 una trabajadora empieza a trabajar como autónoma y socia de una cooperativa dedicada al procesado de carne. Sus funciones consistían en manipular, limpiar, revisar y pesar productos de tripería. Todo iba bien hasta que en 2019 la Inspección de Trabajo inicia una investigación al considerar que los cooperativistas podrían ser, en realidad, trabajadores por cuenta ajena.
El 1 de abril, otra empresa asume a 38 de los trabajadores de la cooperativa y pasan a firmar un contrato indefinido. Pero en febrero de 2020, recibe una sanción de tres días de suspensión de empleo y sueldo por abandonar su puesto de trabajo principal. El caso no llega a juicio. Posteriormente, en enero de 2021, una nueva empresa asume su contrato laboral.
La sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en una imagen de archivoWikipedia/Licencia Creative CommonsDurante tres años, la mujer sigue trabajando para esta última empresa que la contrata, pero en 2024 denuncia ante la Inspección de Trabajo que permanece toda su jornada, de 6:30 a 15:00 horas, sin que la empresa la cambie de puesto, algo que considera contrario a las obligaciones de prevención de riesgos laborales.
Como consecuencia de sus condiciones laborales, el 21 de febrero comienza una baja médica por una reacción aguda de estrés. Días después, el 1 de marzo, vuelve a denunciar que la situación continúa sin cambios.
Según indica la sentencia, la Inspección de Trabajo estudia el caso y considera que la empresa cuenta con una evaluación de riesgos y aplica un sistema de rotación que incluye el puesto de la demandante, así como también comprueba la existencia de descansos y de medidas para reducir los riesgos de permanecer de pie, y parece estar todo en orden.
No es hasta septiembre de 2024 que la situación se vuelve insostenible. La trabajadora pide la extinción judicial de su contrato por incumplimientos graves de la empresa y reclama una indemnización equivalente a la de un despido improcedente y otros 6.000 euros adicionales por vulneración de su derecho fundamental a la integridad moral.
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de MadridWikipedia/Licencia Creative CommonsEn esta misma línea, la trabajadora añade acoso por parte de la empresa y asgura que ha sufrido hostigamiento y represalias relacionados con anteriores conflictos laborales y como consecuncia de haber demandado ante la Inspección de Trabajo.
En noviembre de 2025, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le deniega la incapacidad permanente. En enero de 2026, la empresa le pide que vuelva a trabajar y le advierte de que las ausencias injustificadas podrían ser sancionadas. Así que la mujer realiza sus vacaciones y comienza otra baja médica en febrero al volver.
Lee también
Confirmado por el Ministerio de Defensa: España se prepara en La Haya para actuar ante una colisión de aviones militares con daños en una instalación nuclear
Redacción Actualidad
Oficial en el BOE: España regalará hasta 600 euros al mes a los propietarios que cedan sus viviendas para ofrecer un alquiler asequible
Àlex RoigFinalmente, en abril de 2026, un juzgado de Zaragoza desestima su demanda, ya que considera que la empresa no ha hecho ninguna de las cosas que aparecen en la denuncia, pero ella recurre al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Los magistrados consideran que no se han acreditado el acoso, el trato degradante ni las represalias denunciadas y no encuentran pruebas suficientes que relacionen los cambios laborales con sus denuncias. Así que la Justicia rechaza extinguir judicialmente su contrato y no le concede ni la indemnización equivalente al despido improcedente ni los 6.000 euros adicionales que reclamaba.
Mostrar comentarios {"allowComment":"allowed","articleId":"article-1004229556","url":"https:\/\/www.mundodeportivo.com\/tressesenta\/20260920\/1004229556\/trabajadora-denuncia-empresa-mantenerla-puesto-trabajo-6-30-15-00-horas-pide-indemnizacion-6-000-euros-extra-justicia-rechaza-demanda-jst-dct.html","livefyre-url":"article-1004229556"}