Despedido tras ocho años y con un sueldo de 200.000 €: la Justicia eleva su indemnización a 141.587 €

• Carlota Garcia

  Periodista - Barcelona

Actualizado el 23/07/2026 10:15 CEST

Un trabajador que llevaba desde marzo de 2016 trabajando en una gran empresa de aviación era comandante de vuelos y cobraba cerca de 200.000 euros brutos al año. Durante varios años desempeñó sus funciones con normalidad, pero su situación comenzó a complicarse después de la pandemia. En agosto de 2022 la empresa había comenzado a plantear su despido y el de 27 personas más.

La empresa se había estado beneficiando de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social durante el ERTE de la pandemia y tenía la obligación de mantener el empleo hasta abril de 2023, por lo que los despidos no fueron de forma inmediata, ya que si los echaba antes podía perder las ayudas. 

Cuando llegó la fecha, la empresa comenzó a realizar los despidos de forma progresiva hasta que en agosto de 2024 despidió a ocho trabajadores. Todo estaba muy estudiado, ya que, según indica la sentencia, la empresa organizó el número y las fechas de los despidos para no superar los límites que obligan a tramitar un despido colectivo. 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de MadridWikipedia/Licencia Creative Commons

En este contexto, el departamento de Recursos Humanos ya había estado guardando dinero para poder pagar las indemnizaciones de los trabajadores despedidos. Pero para entonces, el empleado se afilió al sindicato de pilotos SEPLA (Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas), que lucha por los derechos de los trabajadores de este sector. 

En enero de 2024, la aerolínea entregó al trabajador una carta de despido disciplinario, asegurando que su rendimiento había disminuido de manera continuada y voluntaria y que su evaluación profesional había sido peor que la media. Pero él no fue el único que recibió esa carta, de hecho, otros 17 trabajadores fueron despedidos mediante cartas similares.

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El trabajador intuyó que su despido podía estar relacionado con su afiliación y su participación en la asamblea sindical. Por eso acudió a los tribunales y pidió que se declarara nulo por vulnerar su libertad sindical. También reclamó 30.001 euros por daños morales. Como alternativa, solicitó que el despido fuera considerado improcedente.

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

El primer juzgado declaró el despido improcedente, pero descartó que fuera una represalia sindical. El empleado recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó que no había pruebas de relación con el sindicato, ya que la decisión se tomó en 2022 y la empresa no conocía su afiliación. 

Sin embargo, el juez decidió modificar la sentencia y obligó a la empresa a readmitir al trabajador, abonando 542 euros diarios, o pagarle 141.587,44 euros, ya que no había motivos suficientes que justificaran el despido. 

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