- Paula Gil
Periodista - Barcelona
Actualizado el 11/11/2026 11:59 CET
En nuestro país en uno de cada tres hogares se convive con al menos un animal de compañía, y así, según la información resultante de los registros de estas mascotas en las comunidades autónomas españolas, en la actualidad hay más de trece millones de animales de compañía registrados e identificados.
En este contexto, y ante la creciente sensibilización de la ciudadanía ante la necesidad de garantizar la protección de los animales en general y, particularmente, de los animales que viven en el entorno humano, en septiembre del año 2023 entró en vigor la Ley de Bienestar Animal.
Imagen de un Golden RetrieverBarnabas Davoti El principal objetivo de esta ley no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se les ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad. Por tanto, no regula a los animales como un elemento más dentro de nuestra actividad económica a los que se deban unas condiciones por su capacidad de sentir, sino que regula nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia.
Es por eso que dentro de la ley se establece que todas las personas están obligadas a tratar a los animales conforme a su condición de seres sintientes, y, por lo tanto, deben cumplir con con todas las obligaciones estipuladas en el artículo 24 de la normativa.
Imagen de un Golden RetrieverBarnabas DavotiEntre las obligaciones, se establece que todos los propietarios deben "mantener permanentemente localizado e identificado al animal conforme a la normativa vigente". En caso de pérdida de la mascota, se obliga a los dueños a "comunicar a la autoridad competente la pérdida o sustracción del animal en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se produjo la misma".
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RedacciónPara aquellos que no cumplan con la normativa vigente se establecen una serie de sanciones. Si la infracción se considera leve, la administración puede limitarse a advertir al propietario o imponerle una multa de entre 500 y 10.000 euros.
En los casos un poco más graves las multas van de 10.001 a 50.000 euros. Se reservan para los casos más serios, como cuando el animal muere (siempre que los hechos no sean delito) o se realiza un sacrificio sin autorización. La multa arranca en 50.001 euros y puede llegar a los 200.000 euros.
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