
- Paula Gil
Periodista - Barcelona
Actualizado el 02/08/2026 19:47 CEST
La Unión Europea está en proceso de aprobar por primera vez una legislación común sobre el bienestar de animales de compañía (perros y gatos). Y aunque el texto final aún está en negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, el pasado 25 de noviembre se adelantaron algunos de los puntos clave que se prevé que tenga esta nueva ley.
La nueva normativa contempla que todos los perros y gatos de la UE tendrán que estar identificados con un microchip y registrados en una base de datos nacionales interoperables (que podrán comunicarse entre sí). Se limitará las prácticas de cría, se prohibirán los cruces peligrosos o con rasgos excesivos que puedan afectar a la salud de los animales, así como los cruces entre familiares, entre otros.
Imagen de recurso de un perritoPexelsEn este contexto, todos aquellos que no cumplan con estas nuevas obligaciones, que se prevé que entren en vigor en el año 2028, tendrán que hacer frente a una serie de sanciones. Aunque la propuesta concreta de multa aún no se haya publicado en texto definitivo, en general en la UE se prevén varios tipos de multas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der LeyenOLIVIER MATTHYS / EFEMultas administrativas: según la legislación actual de bienestar animal en ámbitos como transporte o agricultura, las infracciones pueden acarrear multas y advertencias. En el texto que se está negociando en la UE se ha incluido que las sanciones deben ser "efectivas, proporcionadas y disuasorias" y que se pueden prever prohibiciones de tener animales o trabajar con ellos para quienes cometan maltrato o participen en comercio ilegal.
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RedacciónAdemás, se destaca que la Unión Europea exigirá a sus Estados miembros que establezcan las sanciones económicas pertinentes según la gravedad de la infracción. Cada país de la UE debe incorporar esas normas en su derecho interno con sanciones concretas, aunque la UE puede iniciar procedimientos de infracción si un Estado no aplica o no sanciona adecuadamente la normativa comunitaria, lo que puede llevar a sanciones económicas para ese Estado.
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