- Àlex Roig
Periodista - Barcelona
Actualizado el 08/08/2026 11:13 CEST
La forma de pagar en el día a día de la gran mayoría de consumidores ha cambiado de forma evidente. El uso de la tarjeta o del móvil se ha convertido en lo habitual en la mayoría de comercios, hasta el punto de que muchas veces el vendedor de primeras enseña el datáfono antes incluso de que el cliente saque la cartera. Y es que aunque el dinero en efectivo sigue inevitablemente presente, cada vez se utiliza menos.
Imagen de archivo de un consumidor pagando con una tarjeta de créditoPexelsPero la realidad es que este cambio no responde únicamente a una cuestión de comodidad. Desde hace años las autoridades estatales intentan limitar el uso del efectivo para combatir el fraude fiscal o el blanqueo de capitales. Pues a diferencia de los pagos electrónicos, que dejan rastro y pueden ser rastreados, el dinero en metálico permite mover cantidades importantes sin control.
En este contexto, la Unión Europea ha aprobado nuevas normas dentro de su paquete contra el blanqueo de capitales que introducen un límite común para los pagos en efectivo en todo el territorio comunitario. La regulación fija un tope máximo de 10.000 euros para este tipo de operaciones cuando se realizan en el ámbito comercial.
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Sandra ArtuñedoLa medida forma parte del nuevo reglamento europeo contra el blanqueo de capitales aprobado en 2024 por el Parlamento Europeo y el Consejo. Sin embargo, la normativa no se aplicó de inmediato, pues el calendario previsto situó en su día el año 2027 como fecha para su implantación futura dentro del nuevo sistema europeo de supervisión financiera.
El objetivo de Bruselas es establecer un criterio común en toda la UE, ya que actualmente existen diferencias importantes entre países. Pues mientras algunos Estados apenas tenían restricciones para pagar grandes cantidades en efectivo, otros ya habían aprobado límites más estrictos para controlar mejor los movimientos de dinero.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene durante una rueda de prensa en la sede de la UE en Bruselas, BélgicaVirginia Mayo / Ap-LaPresseEn el caso de España, de hecho, la normativa ya es bastante más restrictiva que la que plantea la Unión Europea. Desde la aprobación de la Ley de lucha contra el fraude fiscal de 2021, los pagos en efectivo entre particulares y empresas están limitados a 1.000 euros cuando una de las partes actúa como profesional o empresario.
Por este motivo, la nueva regulación europea no obligará necesariamente a España a modificar su límite actual. Los Estados miembros pueden mantener restricciones más bajas si lo consideran oportuno, mientras que el tope de 10.000 euros funcionará como un máximo común para aquellos países que todavía no tenían un límite definido.
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