- Sandra Artuñedo
Periodista
Actualizado el 31/07/2026 19:11 CEST
El acceso a la vivienda en España se ha convertido prácticamente en un lujo. La crisis inmobiliaria aumenta y cada vez es más complicado adquirir una casa, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 20,4% de los hogares residía en régimen de alquiler, lo que supone un incremento significativo frente al 18,7% registrado el año anterior.
La situación empeora para Baleares con un 30,9% de viviendas en alquiler, Cataluña con un 27,9% y Madrid con un 27,1%, lo que refleja una tendencia creciente en España. En zonas turísticas se ha registrado un aumento significativo de los precios, como consecuencia del crecimiento de pisos de alquiler turístico o temporal, que también disminuyen la oferta de alquileres a largo plazo.
El presidente del Gobierno, Pedro SánchezCATI CLADERA / EFEAnte estas problemáticas, el Gobierno ha tomado medidas para reducir la crisis de vivienda con la reforma de la Ley de Vivienda, conocida como la ley de alquileres, que ha introducido un gran cambio para aquellos que arriendan una casa o un piso.
El objetivo es que los inquilinos tengan más estabilidad en un mercado muy variable donde los precios suben año tras año y para conseguirlo se planteó una reforma, bien recibida por los inquilinos, pero desató las protestas de los propietarios.
La ley aplicará el derecho de permanencia en la vivienda. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el artículo 10 decreta que los contratos de alquiler firmados desde el 6 de marzo de 2019 se prorrogan de forma automática. Esta renovación obligatoria ocurrirá en los casos en que la duración del contrato sea menor a 5 años cuando el propietario es una persona física, y en caso de ser una persona jurídica, la duración de la cláusula será hasta los 7 años de contrato.
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Sandra ArtuñedoDe modo que si los inquilinos cumplen con los pagos y las condiciones del contrato, pueden seguir en la vivienda hasta completar ese periodo ya pactado, independientemente de si el propietario quiere renovar o no el contrato. El arrendatario no podría romper el alquiler, aunque se trate de su propiedad privada durante el tiempo establecido por ley.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana afirma que "esta normativa garantiza estabilidad y frena la rotación constante de viviendas de alquiler" pero las asociaciones de propietarios consideran que limita su capacidad para disponer libremente sus viviendas, de modo que si querían vender o subir la renta, estas opciones quedan bloqueadas. Además, consideran que muchos propietarios optarán por alquilar a corto plazo.
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