Pasa 545 días de baja, pide una incapacidad y el TSJ decide que puede seguir trabajando

• Carlota Garcia

  Periodista - Barcelona

Actualizado el 26/08/2026 10:46 CEST

Una mujer que trabajaba como empleada del hogar y ayudante de cocinera en un centro inició en agosto de 2022 un proceso de incapacidad temporal. Estuvo hasta 13 de febrero de 2024, es decir 545 días de baja. Después de más de un año, el Instituto de la Seguridad Social decidió abrir una investigación para comprobar si realmente sus problemas de salud merecían una incapacidad.

La principal dolencia que presentaba era una gonartrosis en la rodilla izquierda, tras una meniscectomía. Sin embargo, el equipo médico constató que conservaba la movilidad y caminaba sin cojera, así que el INSS decidió denegarle la incapacidad permanente al considerar que sus lesiones no reducían suficientemente su capacidad para trabajar.

Imagen de archivo de un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de CatalunyaGetty Images

Inconforme, la trabajadora presentó una reclamación, pero volvió a ser rechazada el 30 de mayo. Pero durante los meses siguientes la empleada seguía sufriendo de problemas de rodilla y decidió acudir al médico en abril de 2024 donde le dieron los resultados de la resonancia y mostró signos de rotura y una evolución degenerativa y de empeoramiento.

Así que en septiembre, su médico volvió a emitirle una baja por las dolencias. A las semanas, la trabajadora decidió acudir a los tribunales para pedir la incapacidad permanente total, que le impediría continuar ejerciendo sus profesiones habituales, o al menos una incapacidad permanente parcial, ya que el INSS se la había rechazado.

La mujer alegó que sus problemas de la rodilla no le dejaban trabajar de su profesión y que le impedía realizar muchas actividades propias de una cocinera o empleada del hogar, como caminar, cargar pesos o realizar movimientos que requieren un esfuerzo físico.

Mercè Caso, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de CatalunyaEuropa Press

Según indica la sentencia, el Juzgado de lo Social nº 3 de Girona rechazó su demanda el 27 de octubre de 2025, y aunque admitió que sufría gonartrosis, consideró que las pruebas médicas no demostraban unas limitaciones suficientemente graves: podía caminar correctamente, conservaba la movilidad completa y no presentaba atrofia muscular.

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Finalmente, la empleada del hogar recurrió ante el TSJ de Catalunya para intentar que le aceptaran la prestación, pero el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes que permitieran corregir la valoración realizada por el primer juez, así que desestimó su recurso y confirmó que no tiene derecho ni a la incapacidad permanente total ni a la parcial, ya que sus limitaciones no son suficientes para realizar un trabajo con normalidad. 

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